Proyecto de ley plantea que todos los pozos concesionados pasen a Petroperú cuando caduquen sus contratos.

La bancada de Perú Libre parece empecinada en estatizar lotes petroleros en favor de Petroperú. Eso es lo que reluce a simple vista en el título del proyecto de ley 1905, de autoría de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla y que lleva la firma de otros ocho legisladores del partido del lápiz. Sin embargo, si se observa el contenido de la iniciativa, se puede ver que el efecto en la industria petrolera podría ser aún mayor si llegase a ser aprobado en el Congreso.

El proyecto no solo plantea que los lotes concesionados pasen a manos de Petroperú cuando caduquen sus respectivos contratos, sino que habilitaría a esta compañía a que luego pueda buscar socios estratégicos para tales operaciones y, además, dispone que, una vez que todos los lotes estén bajo su administración, se proceda a eliminar a Perupetro.

“Terminado el proceso de retorno de lotes a favor del Estado, se procederá a la desactivación de la Entidad Perupetro S.A. Las funciones, objetivos y responsabilidades serán absorbidas por Petroperú S.A., quien deberá crear una unidad orgánica responsable especializada”, se lee en el documento.

Sin embargo, debe destacarse que eliminar a Perupetro implicaría desaparecer a la empresa estatal que, como se lee en su página web, “se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú”.

En pocas palabras, la iniciativa eliminaría al principal ente negociador y supervisor de los contratos petroleros y dejaría tales funciones en manos de la misma Petroperú, que sería juez y parte, y que además no desarrollaría una adecuada gestión, como lo viene demostrando con la paralización del lote 192 y en el aspecto administrativo y financiero.

Ayer en la mañana, la iniciativa legislativa fue sustentada por Medina ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “La presente ley tiene el objetivo de implementar el modelo de negocio de integración vertical en la industria petrolera desarrollada por la empresa estatal Petroperú S.A.”, dijo, y agregó que “la gran ventaja para los peruanos sería que Petroperú adquiriera petróleo a precios de costo (de producción) que oscilan los US$20 (por barril) y ya no a US$100″.

Además, afirmó que ello “permitiría que Petroperú pueda bajar de forma significativa los precios del diésel y la gasolina”. No obstante, la legisladora no hizo referencia a cómo la petrolera estatal podría satisfacer sin importaciones la demanda nacional de combustible, que ronda los 250 mil barriles por día, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

DEBE IR AL ARCHIVO

Para el especialista en hidrocarburos y CEO de Enerconsult, Carlos Gonzales, la propuesta “es una candidata al archivo”.

“Ese proyecto de ley es ilegal, inconstitucional, trasgrede normas y colisiona con otras de mayor jerarquía”, explicó Gonzales, y precisó que la iniciativa atentaría contra la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual para poder ser modificada exige que cualquier otra nueva norma deba referirla explícitamente.

“En el contenido dice que todos los lotes petroleros pasan a Petroperú y ahí se está pasando por encima el reglamento de calificación de empresas. Existe un reglamento de calificación de empresas que se publicó en mérito de lo que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, según la cual las empresas son calificadas técnica, económica y legalmente”, afirmó.

ALGO MÁS

-La propuesta de PL es el denominado Proyecto de ley de recuperación de lotes petroleros a favor del Estado, bajo un modelo de negocio de integración vertical en la industria petrolera estatal y fue presentado en abril.

-La próxima semana, la iniciativa legislativa será discutida en la Comisión de Energía y Minas. En dicha sesión se definiría si es archivada o dictaminada.

Testimonios concuerdan con las declaraciones de policías de la zona, según la Fiscalía y la idea del contrato de matones

Las declaraciones de cinco testigos protegidos ante la fiscal de Crimen Organizado, María Cabana Ocsa, refuerza la hipótesis que sostiene el Ministerio Público sobre la contratación de sicarios para atacar a mineros artesanales en Caravelí.

Por ejemplo, el testigo protegido 01-2022-50, informó que los contactos principales para la matanza del 2 de junio fueron Albert Vilcapuma (Quaker), Juan Tejada Alonso (Popeye), además de alias Mono y Bambam, de los últimos dos desconoce su identidad.

Sobre las acciones de Popeye, el testigo protegido 02-2022-50, detalló que desde hace 5 años trabajaba como seguridad en la planta de Intigold Mining. “Se dedica a traer sicarios de Lima, Huacho, Huaráz y el Callao”, informó.

De acuerdo al testigo protegido 03-2022-50, las órdenes de traer sicarios para atacar a mineros de Kalpa Renace y el pago corría a cuenta de la dueña de Intigold Roxana Calmet; así como Grecko Gamarra Valdivieso alías Burro, representante de Atico Calpa; Darwin Samaniego, facturador de Intigold y Norma Luxmilla.

Para sustentar su testimonio, proporcionó un audio a la Fiscalía de un trabajador de Intigold y Atico Calpa quien advertía sobre el ataque del 2 de junio, el desenlace fue la muerte de 14 personas. En el audio, escuchado en audiencia, se expuso que la orden era atacar directamente a las cabezas de Calpa Renace: Catañeda, Pérez y Roni.

Con relación al ataque, el testigo 02 informó que estuvo en el lugar cuando asesinaron a Castañeda. “Las personas que eran 30 en promedio rodean al señor Alex Castañeda y otras personas que estaban con él en la labor minera (…) y le disparan al señor Alex Castañeda”, declaró. Declaraciones, tanto el testigo protegido 04 y 05-2022-50, apuntan, al igual que los otros 3, a Quaker y Popeye, como los que contactan a sicarios a pedido de altos directivos de Intigold Mining para asesinar a los dirigentes de Kalpa Renace.

Para la Fiscalía, estas declaraciones concuerdan con lo dicho por la Policía y partes, con lo que cobra más pesos la hipótesis que se tiene sobre por qué y cómo asesinaron a los mineros en Caravelí.

Hoy  lunes, el Ministerio Público acudió a las oficinas del organismo para acopiar información luego de que se denunció un supuesto espionaje cibernético a favor de empresas constructoras chinas.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) señaló que le ha brindado todas las facilidades necesarias a la Fiscalía en la diligencia que realizó en sus oficinas de Jesús María. Esto a raíz de la difusión de un reportaje periodístico en el que se denuncia un supuesto espionaje cibernético a favor de empresas constructoras chinas.

Mediante un comunicado, la entidad informó que la investigación estuvo a cargo del Sexto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción y se acopió información de los archivos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

“Se brindaron todas las facilidades al fiscal adjunto del Sexto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Renzo Huamán Garayar, en la diligencia realizada en las instalaciones del OSCE para la constatación, verificación y acopio de información y archivos del SEACE”, se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, el organismo resaltó que el SEACE cuenta con medidas de control de seguridad informática para mitigar el riesgo de que se vulnere la información y que se eviten accesos externos no autorizados. Ello, según dijo, gracias a medidas de encriptación y ofuscamiento de los datos confidenciales y ejecución de auditorías.

Asimismo, el OSCE reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y rechazó todo acto que vaya en contra de la ley.

Tras culminar con las diligencias en las oficinas de esta entidad, el fiscal Renzo Huamán indicó que se encargaron de acopiar información para esclarecer los hechos.

“Se ha desarrollado con calma la investigación, una diligencia tranquila, se ha acopiado la información y todo es reservado y bajo el esclarecimiento del hecho (…) Todo con cautela y siempre con la reserva debida”, manifestó para la prensa.

DENUNCIA PERIODÍSTICA

Según la denuncia de Punto Final, un espía ingresaba a la plataforma que administra la OSCE para obtener información de propuestas presentadas en las licitaciones y entregarlas a las constructoras chinas, quienes luego resultaban ganadoras de millonarios contratos públicos.

El programa periodístico de Latina detalló que un joven de 23 años y sus cómplices vulneraron el sistema de seguridad de la plataforma SEACE OSCE para vender información a decenas de empresas que ganaron millonarias licitaciones a sus competidores.

Indicó que, el 4 de abril, el sujeto acudió a la Procuraduría Anticorrupción para contar cómo funciona estas operaciones ilícitas.

Acta de la Fiscalía revela que un colaborador reconoció las voces de Silva y Villaverde. Además, dio detalles de la entrega de dinero. Exministro no podrá salir del país.

El amigo del presidente Pedro Castillo, Juan Silva, no podrá salir del país por 36 meses. Así lo decidió ayer el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien acogió el pedido –a medias– del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pues cuatro de los seis congresistas de Acción Popular –identificados por la colaboradora eficaz Karelim López como ‘Los Niños’– se salvaron de la medida limitativa. Solo Raúl Doroteo y Darwin Espinoza se quedarán dentro del territorio nacional.

Mientras prepara su defensa legal –ante los audios delictivos que lo incriminan– Silva intentó dar ‘lecciones’ de periodismo a los medios de comunicación que han difundido la transcripción de un diálogo –que se encuentra en el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez– que lo ubica como receptor de una fuerte suma de dinero.

 “Los medios de comunicación no pueden tomar como ciertas las declaraciones y/o supuestas transcripciones que solo buscan manipular la información y confundir al país, así como a las autoridades que investigan un caso tan delicado”, se atrevió a escribir el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno castillista.

Por la tarde, sin embargo, salieron a la luz más detalles de la escandalosa noche del 4 de noviembre de 2021, fecha en la que, según un colaborador eficaz del Ministerio Público, el empresario Zamir Villaverde entregó “cien grandes” a Juan Silva.

MIL BILLETES DE CIEN

Si bien primero se conoció el diálogo entre Villaverde y Silva a través de un documento no oficial, fuentes de Perú21 confirmaron –el viernes– que la conversación sí era real y había sido enviada hace unos días desde el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Ayer, este diario accedió al ‘Acta de transcripción de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento de voz’ del miércoles 25 de mayo. Allí, el colaborador eficaz 02-5D reconoció que las voces de las personas que sostienen el diálogo son de Zamir Villaverde y Juan Silva. Además, se escucha la voz de una mujer que pide una clave para acceder a un equipo celular entregado por el empresario. Esta, según el testigo, corresponde a la hija menor del exministro.

La conversación ocurrió en horas de la noche en el departamento que ocupaba Silva en el Cercado de Lima. Allí, Villaverde, según el colaborador, hizo entrega de “la suma de cien mil soles, en efectivo, en billetes de S/100.00 (…) en un portafolio (maletín) de cuero negro de 40 x 25 cm y 10 cm de ancho”.

Además, el colaborador eficaz, en la diligencia de reconocimiento de voz, afirmó que el audio “no ha sido editado”. Finalmente, las nueve páginas del acta fueron firmadas por Karla Zecenarro Monge e incorporadas a la carpeta del proceso por organización criminal (ver imágenes).

Desde el Gobierno, el presidente Castillo se mantiene en cura de silencio, pero algunos de sus acomedidos ministros siguieron poniendo las manos al fuego por él. Recordemos que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene elementos para investigar al profesor de Chota como cabecilla de la organización criminal en la que también actuaría el exministro Juan Silva.

Félix Chero, titular de Justicia, señaló ayer que la investigación iniciada por el Ministerio Público “es inconstitucional”. Agregó que “esta es una situación única en Perú porque antes no se ha investigado a ningún presidente”. El funcionario no perdió la oportunidad para desvincular a su jefe del audio de los “cien grandes”. “No vincula de ninguna manera al presidente de la República”, sentenció Chero.

Según supo este diario, el fiscal de la Nación no ha pedido la detención de Juan Silva porque eso implicaría concluir la etapa preliminar de la investigación a los diez días del inicio de la prisión. Sin embargo, Sánchez hace todos los esfuerzos para garantizar que la pesquisa se lleve con el debido proceso y así no darle razones a todos los interesados en que este caso no llegue a buen puerto.

Informante dio a conocer modus operandi que habrían usado postores en concursos. Proveedores denuncian falta de pagos y aparentes irregularidades de compañías del Gigante Asiático.

Según una revelación del programa Punto Final, un grupo de compañías habría ganado varias licitaciones en los últimos años gracias al tarot. Un joven informante de 23 años dio a conocer ese hecho, cometido por él, a la Procuraduría Anticorrupción. Se trata de un “servicio informático” que prestaba a terceros y que no tiene nada que ver con la astrología, sino con vulnerar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) para acceder a información reservada que permitía ganar los concursos.

El informante reveló que por medio de un contacto y otro en el OSCE, entidad a la que pertenece el Seace, logró tener acceso a la administración de la plataforma y, con ello, a las propuestas u ofertas de los postores de determinados concursos públicos horas antes del cierre de estos.

La importancia de que todo sucediera en momentos previos al cierre del concurso era que de esa forma podía tener acceso a las ofertas de todos los postores y compartirlas con la compañía que pagaba por el servicio de tarot, la cual, en los minutos siguientes, procedía a presentar una oferta económica más baja que le permitía ganar el proceso.

Un ejemplo es el Hospital del Altiplano (Puno), un proyecto del año pasado convocado por Essalud con un precio referencial de S/280.9 millones, cuyo último día para presentar ofertas era el 21 de junio de 2021. Ese día, a las 11:08 p.m., había dos propuestas ya presentadas y a esa hora el informante accedió al sistema para presuntamente beneficiar a un tercer postor que ya esperaba por el dato. A las 11:17 p.m. apareció una mejor oferta que finalmente fue la ganadora y que pertenecía al Consorcio Hospital del Altiplano, integrado por China Railway N°0 y Weihai Construction Group, dos constructoras chinas que en los últimos años han ganado contratos con el Estado.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

El 4 de abril, el informante fue llevado a la Fiscalía Anticorrupción. Allí declaró que su nexo con las empresas chinas era Alexander Felipe Aguilar Quispe, miembro de una familia investigada en el Ministerio Público por las declaraciones de Karelim López y que a la vez posee las empresas INIP y Grupo Constructor y Consultor.

Estas últimas están ligadas a sus hermanos Roberto y Alejandro, quienes han ganado millonarios contratos con empresas chinas en el MTC.

El OSCE indicó que colaborará con las autoridades en las investigaciones del caso. Por otra parte, el programa Cuarto Poder reveló que un grupo de empresas chinas a cargo de millonarias obras de infraestructura mantienen significativas deudas con proveedores peruanos.

Entre ellas figuran China Gezhouba (Consorcio Vial Samegua) y China Railway Nº10 (Consorcio Vial Pucahuasi).

Los proveedores también denunciaron que el exviceministro de Transportes, Víctor Alejos, figuraba como gerente en al menos cuatro empresas chinas que concursaban por licitaciones.