viernes, julio 5, 2024
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PATRICIA CHIRINOS PRESENTA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO Y PIDE SU INHABILITACIÓN POR 10 AÑOS

Denuncia señala que jefe de Estado atentó contra la libertad y derechos de millones de peruanos al decretar estado de emergencia el pasado 05 de abril

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por atentar contra la libertad y derechos de millones de peruanos al decretar un toque de queda el pasado 05 de abril. Por ello, considera que también debe se inhabilitado por 10 años de la función pública.

“Esta medida totalmente arbitraria, discrecional y desproporcionada se agrava con el hecho de que, hasta la fecha, no se ha hecho pública la motivación de la misma. Esto adquiere especial relevancia en esta situación, puesto que cuando el Estado pretende limitar la libertad de los ciudadanos la decisión debe estar correctamente motivada y fundamentada, es decir, brindar una explicación clara y razonable”, se indica en el documento al que accedió Correo.

La denuncia señala que, si bien el presidente y su Gabinete Ministerial adujeron que el fundamento del Decreto Supremo 034-2022-PCM era de carácter “reservado”, dicha justificación no encuentra mayor sustento. “Esto a razón de que además de la falta de proporcionalidad y análisis constitucional que amerita la suspensión de derechos fundamentales, las alarmas de saqueos y disturbios masivos en la ciudad de Lima resultaron ser psicosociales azuzados por noticias falsas”, se indica.

Asimismo, se recoge la versión del exministro de Interior, Avelino Guillén, quien dijo que el jefe de Estado quiso decretar una inmovilización social, la que ya había sido considerada con anterioridad, “específicamente para el sábado 27 noviembre del 2021″ fecha en la que se había convocado una multitudinaria marcha en favor de la primera moción de vacancia propuesta.

“El señor Guillén señala que dicha medida se quiso imponer desde Palacio de Gobierno sin ningún tipo de consideración por los posibles riesgos desproporcionados, y por sugerencia del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre (…) que el señor Guillén mostró enfáticamente su rechazo a dicha propuesta, resaltando además la total inconstitucionalidad de la misma”, se alega.

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