En un nuevo intento de distraer a la opinión pública de los cuestionamientos y denuncias de corrupción y tráfico de influencias que pesan sobre él, el presidente Pedro Castillo montó, con el ministro del Interior, Avelino Guillén, la expulsión de 41 ciudadanos venezolanos intervenidos en operativos Dirincri (Policía Nacional) y la Policía de Extranjería.
Sin embargo, por la falta de permisos correspondientes y la evidente improvisación en la operación, el avión no partió y finalmente tuvieron que liberar a los 41 extranjeros detenidos, como admitió el ministro del Interior Avelino Guillén.
CRÓNICA DE UNA VERGÜENZA
Todo comenzó muy temprano, a las 06:00 horas del miércoles. Tal como estaba en su agenda, el presidente Pedro Castillo llegó hasta el Grupo Aéreo Nº8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao, para supervisar la expulsión de los extranjeros siempre al lado de su ministro del Interior.
Los apresados (31 hombres y diez mujeres) que ya se encontraban enmarrocados y ordenados en fila india en una de las zonas de embarque, solo aguardaban la indicación para subir a la nave Spartan de placa 357 y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) cuando, de pronto, se escuchó oír que nadie podría salir de suelo peruano. ¿Qué pasó? Pues que no se contaba con la autorización del gobierno venezolano para aterrizar la aeronave en suelo llanero.
